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Las crisis de las democracias, en general, se deben a factores endógenos. Estos pueden ser prevenidos a través de normas que susciten el equilibrio de los poderes de los actores políticos, de modo que sea imposible la tiranía de alguna mayoría absoluta o de la minoría con más votos.

De partida, no puede existir democracia sin partidos políticos, pues sin ellos, desaparece la competencia política y/o dejan de haber identidades ideológicas representadas. Los partidos políticos, para sobrevivir, dividen a la sociedad en amigos y enemigos: su posición nace de un antagonismo y necesariamente su desenlace se encuentra en el enfrentamiento con otra idea. Ya que el desacuerdo es lo que genera más rating y más votos, éste se convierte en el arma común para la obtención de apoyos y votantes duros.

Dada esta dinámica de dimes y diretes, el sentimiento de pertenencia a una facción se perfila por razones estomacales más que racionales, socavando la credibilidad en el rival y exacerbando la propia; luego, una vez en el poder, las propuestas no son tan buenas o no pueden ser implementadas como se proponía en campaña, lo que termina por deteriorar aún más la confianza en los partidos políticos y en la actividad política en general.

Este modus operandi se reitera una y otra vez hasta la aparición de un líder carismático que reúne las críticas hacia ambos bandos. En otras palabras, los partidos políticos se autodestruyen entre ellos, socavando a la misma democracia representativa, dando paso a agentes ajenos a los partidos políticos que minan aún más la desconfianza en los partidos agonizantes por la acumulación de contiendas.

Durante la última época, este peligro ha aumentado, aunque la votación hacia estos candidatos ronda en el 22%: primero con Marco Enriquez Ominami 2009 (20,1%), luego con Franco Parisi (10,1%) y MEO (10,9%) 2013, y por último con Beatriz Sánchez 2017 (20,3%) ¿Qué pasaría con el sistema chileno si llegasen algunos de estos personajes al poder? ¿Están nuestras instituciones preparadas para el eventual arribo del populismo o caudillismo?

La democracia se define por el sistema de reglas que regulan el comportamiento de los competidores y de los candidatos electos, de modo que cuando un líder carismático alcance el poder, este no pueda hacer nada más allá de los límites indicados por la constitución y las leyes; si va más allá de eso, estamos frente a un tirano. En consecuencia, la única forma de prevenir el derrumbe de una democracia es a través del gobierno de las leyes y no de los hombres, esto es: los gobiernos han de ser buenos no por la cualidad de sus gobernantes, sino por la calidad de las normas e instituciones que rigen su comportamiento.

En la práctica, las democracias sucumben en crisis cuando el Poder Judicial deja de ser independiente, siendo controlado por algún partido político, grupo económico nacional o internacional, o actúa bajo la amenaza de una fuerza coactiva ajena al Estado; en otras palabras, cuando el Poder Judicial deja de ser neutro y se convierte en un arma política para saciar ánimos de venganza.

A esto se suma la indisciplina fiscal junto al gasto descontrolado de recursos públicos para saciar las expectativas de los electores y así obtener votos futuros a cambio de bonos o favores. Generalmente, los líderes carismáticos justifican estas políticas bajo el concepto de justicia, pero en verdad es una práctica que tiende al capitalismo de amigotes (crony capitalism) y al clientelismo.

Por lo tanto, las democracias entran en crisis cuando sus sistemas de leyes no contemplan mecanismos para contrarrestar la discreción del uso de las facultades de los poderes electos, permitiéndoles abusar el poder público para sus propios fines. La ley, en este sentido, es la única protección que tienen los ciudadanos frente a las tiranías de cualquier tipo, siempre y cuando las leyes y las instituciones sean adecuadas para prevenirla o enfrentarla.

Ante la crisis de confianza que presenta el sistema democrático de nuestro país, no podemos cerrar los ojos ante tales peligros. Los ciudadanos deben estar vigilantes ante las propuestas refundacionistas o populistas que minen el equilibrio de poderes y busquen incrementar el poder del Ejecutivo, o le quiten independencia al Poder Judicial, o busquen aumentar el gasto fiscal en ayuda de ciertos grupos, o quieran proteger a ciertas empresas, e incluso, frente a las políticas que aumenten la proporcionalidad en el sistema electoral.

Detrás de cualquier bello discurso que busque justificar cualquiera de estas acciones se encuentra el peligro latente de la tiranía y la demagogia. Como ciudadanos debemos siempre recordar que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.  

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