Aquí voy a pisar callos, van a rodar cabezas y probablemente interpretaré el sentir de millones de personas que creemos que la política ya no nos representa. Es muy evidente que la motivación de los políticos para ejercer un cargo no es el bienestar de la ciudadanía, sino manejar los hilos del poder.
Es decir, tener el cuchillo con el que se corta el queque, porque el que reparte se lleva la mejor parte.
Ya no se trata de si me interpreta la izquierda o la derecha. En el fondo, son dos narrativas que responden a una misma lógica: la lógica del poder.
Sé que lo que estoy diciendo no va a sorprender a nadie. Creo que el mérito está en dejarlo por escrito, en que un ciudadano común y corriente –como yo– se da cuenta de que la división entre izquierda y derecha es, en gran medida, una narrativa. Lo que en el fondo están protegiendo no son nuestros intereses como ciudadanos, sino su permanencia en el poder.
Y, de paso, voy a hacer un comentario que probablemente molestará a más de algún político o a alguna persona vinculada a este mundo. Pienso que la democracia está desgastada, ya cumplió su ciclo. Si bien es lo mejor que tenemos hasta el momento, y por ningún motivo apoyo una dictadura ni nada que se le parezca, me parece que el sentido ontológico de la democracia merece ser cuestionado. Que una decisión represente a la mayoría no significa, necesariamente, que sea una decisión virtuosa o la mejor decisión posible.
Cuando hablamos de política, no hablamos simplemente de gestión ni de servicio público: hablamos, de su núcleo más profundo, el poder puro y duro. Todo lo demás —discursos, programas, ideologías— operan, en mayor o menor medida, como justificación o envoltorio de ese hecho fundamental.
Esto obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿qué impulsa realmente a un individuo a dedicar su vida a la política, sabiendo el desgaste, la exposición y el descrédito que conlleva? La respuesta convencional apela al altruismo. Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente. El costo es demasiado alto para que el motor sea únicamente el bien común y el sacrificio por los demás.
La hipótesis más plausible, es menos amable: la política atrae a quienes desean ejercer poder sobre otros. No se trata solo de influir, sino de decidir; no solo de participar, sino de imponer un criterio propio como norma colectiva. En este sentido, la vocación política no está lejos de una pulsión de dominio que, en casos extremos, roza la megalomanía.
Las ideologías, entonces, cumplen una función instrumental. La izquierda legitima el poder a través de la redistribución; la derecha, a través del crecimiento económico. Pero ambas comparten una estructura idéntica: la convicción de que es legítimo concentrar poder para dirigir la vida de los demás según un determinado modelo de bien. La diferencia no está en la lógica del poder, sino en el relato que lo justifica.
Aquí aparece una tensión central que rara vez se explicita: quien gobierna no solo administra recursos, sino que define qué es lo justo, ético, moral o lo necesario y lo prioritario para la comunidad. Esa capacidad de definición no es neutral. Está atravesada por intereses personales y colectivos, sesgos y, en no pocos casos, por la conveniencia de quienes detentan el poder.
Por eso, la idea de que el político actúa exclusivamente en beneficio de la comunidad resulta, como mínimo, ingenua. Más bien habría que asumir que existe una convergencia —a veces explícita, a veces encubierta— entre el interés público y el interés personal del gobernante. El problema es que, cuando ambos entran en conflicto, no hay garantías de que prevalezca el primero.
La experiencia histórica parece confirmar una constante: el poder tiende a reproducirse y a protegerse a sí mismo. Y en ese proceso, la distribución de beneficios rara vez es imparcial. Los que manejan el poder no solo tienen la capacidad de decidir, sino también la oportunidad —y el incentivo— de quedarse con la mejor parte.
En consecuencia, más que preguntarnos qué prometen los políticos, tal vez deberíamos preguntarnos qué tipo de relación con el poder están dispuestos a reconocer. Porque mientras la política siga presentándose como un acto de pura vocación altruista, seguirá ocultando su verdadera naturaleza: una disputa permanente por el control, donde el lenguaje del bien común funciona, con frecuencia, como su máscara más eficaz.
Esta forma de entender la política permite iluminar, sin demasiado esfuerzo, fenómenos que de otro modo se presentan como anomalías. Los casos de corrupción, lejos de ser excepciones, son mucho más frecuentes de lo que creemos. Sospecho que nos enteramos de una mínima fracción de lo que realmente ocurre en diferentes estamentos tanto en el ámbito estatal como privado. Ya que cuando el evento empieza salpicar demasiado a ambas partes del espectro político, ambos sectores llegan a acuerdos entre cuatro paredes. Estos episodios pueden interpretarse como manifestaciones coherentes de una lógica más profunda: la del poder protegiéndose a sí mismo.
Desde esta perspectiva, el descrédito simultáneo de ambos sectores —izquierda y derecha— ante la opinión pública no es un accidente, sino una consecuencia esperable. Cuando el poder se distribuye entre actores que compiten en lo discursivo pero comparten incentivos estructurales, la confrontación tiene límites claros.
Existe un punto en el cual el conflicto deja de ser funcional y comienza a ser riesgoso para todos los involucrados.
Es en ese punto donde emerge el acuerdo tácito, muchas veces no declarado pero eficaz: “mejor no destapemos la olla”. No se trata simplemente de encubrimiento, sino de una racionalidad compartida. Exponer completamente al adversario implicaría abrir la puerta a una dinámica que podría volverse en contra propia. Así, lo que aparece como pacto de silencio no es debilidad moral aislada, sino una estrategia de conservación mutua.
En este contexto, la política deja de ser un espacio de antagonismo real para transformarse en un sistema de equilibrios. Las disputas públicas continúan, pero dentro de márgenes cuidadosamente administrados. Fuera de esos márgenes, prevalece un principio más pragmático: “yo no te molesto a ti, tú no me molestas a mí”.
Lo que está en juego, entonces, no es únicamente la distribución de recursos, sino algo más fundamental: el control sobre los mecanismos de distribución. De ahí que la metáfora sea precisa y reveladora: no importa tanto cómo se reparte el queque, sino quién sostiene el cuchillo. Porque quien controla el instrumento de reparto no solo decide las porciones, sino que define las reglas mismas del reparto.
En última instancia, esta dinámica refuerza una conclusión incómoda: la política no opera únicamente como un espacio de representación ciudadana, sino como una estructura donde quienes detentan el poder buscan, ante todo, preservarlo. Y en ese proceso, la disputa ideológica puede ser menos determinante que el acuerdo silencioso sobre aquello que, bajo ninguna circunstancia, debe ponerse realmente en riesgo.
Eso explicaría por qué, después de miles de años, la humanidad no ha solucionado el tema de la distribución, no hemos eliminado la pobreza, siendo que hoy existen los recursos para ello, el tema real es que no existe la voluntad real de hacerlo. Ya que sin hambre y sin pobreza la política pierde su bandera de lucha más poderosa.
De hecho los avances sustantivos en la calidad de vida de las personas, tienen más que ver con avances tecnológicos, que con decisiones políticas. Por ejemplo el ingreso de la mujer al mundo laboral, no se explica solo por las luchas sociales; también responde, en buena medida, al desarrollo de los electrodomésticos que le simplificaron la vida a la mujer, disponiendo de más tiempo para poder ingresar al mundo laboral. Otro ejemplo es la pastilla anticonceptiva, que fue un motor decisivo de la libertad sexual femenina, tanto o más que las marchas y los discursos de la época.
Esto conduce a una pregunta igualmente inquietante: ¿por qué las élites defienden con tanta insistencia la democracia?
La respuesta más inmediata —y también la más ingenua— es que “hay que respetar la voluntad del pueblo”, bajo la premisa de que se trata del sistema de administración del poder más justo disponible. Esta justificación descansa en una idea moralmente atractiva: que la agregación de voluntades individuales produce legitimidad política.
Sin embargo, un examen más riguroso revela una tensión difícil de ignorar. La democracia expresa la voluntad de la mayoría, pero la mayoría no garantiza, por definición, decisiones óptimas ni racionales para el conjunto. Si trasladamos este problema a un plano más técnico —por ejemplo, el científico—, resulta evidente que la resolución de problemas complejos no se somete a votación, sino a evidencia, contraste empírico y validación experimental. Desde este ángulo, la democracia aparece menos como un mecanismo de eficiencia y más como un dispositivo de legitimación.
Esto abre una línea de interpretación más incómoda: la democracia no sería únicamente un sistema orientado a la representación ciudadana y el bien común, sino más bien un instrumento funcional a la estabilidad del poder. En otras palabras, su valor no radicaría tanto en producir las mejores decisiones, sino en generar aceptación social de las decisiones tomadas.
Desde esta perspectiva, la defensa que hacen las élites de la democracia puede leerse en clave estratégica. No porque estén necesariamente comprometidas con la voluntad popular en sentido sustantivo, sino porque comprenden que un sistema que permite votar, elegir y “participar” reduce el conflicto y canaliza el descontento dentro de márgenes controlables.
Aquí la participación adquiere un carácter ambiguo. Por un lado, otorga a la ciudadanía la sensación de incidencia; por otro, delimita estrictamente el campo de lo posible. Las opciones disponibles no emergen de manera espontánea, sino que son filtradas, estructuradas y promovidas a través de campañas políticas, financiamiento y mediación comunicacional. En ese sentido, la elección no es completamente libre, sino condicionada.
Así, la democracia puede operar como una forma sofisticada de estabilidad: no elimina la competencia, pero la organiza; no suprime el conflicto, pero lo contiene. Y, sobre todo, permite que el poder se renueve sin ponerse realmente en riesgo.
La consecuencia es una paradoja difícil de resolver: el mismo mecanismo que promete empoderar a la ciudadanía puede, simultáneamente, funcionar como una herramienta para administrar y perpetuar el poder. No porque la participación sea inexistente, sino porque ocurre dentro de un marco previamente definido.
En última instancia, la pregunta ya no es si la democracia es legítima, sino bajo qué condiciones lo es realmente. Y si esa legitimidad proviene de la voluntad popular en sentido pleno, o de la eficacia del sistema para hacer que dicha voluntad se perciba como satisfecha.
Propongamos el siguiente experimento mental: un grupo de personas sobrevive a un naufragio y queda a la deriva en medio del océano. En el bote salvavidas hay individuos con distintos niveles de conocimiento: un ingeniero, un astrónomo, una profesora, un cajero de supermercado, entre otros. La situación es crítica; la decisión que tomen determinará si sobreviven o no.
El astrónomo, apoyándose en su conocimiento de las estrellas y la orientación, afirma que si navegan hacia el norte alcanzarán tierra firme en menos de un día. Su afirmación no es una opinión, sino un juicio fundado en conocimiento especializado. Sin embargo, el resto del grupo —carente de ese saber técnico— comienza a deliberar. Surgen dudas, intuiciones, desacuerdos. La propuesta del astrónomo no convence a la mayoría.
Ante el desacuerdo, deciden someter la decisión a votación. El procedimiento es impecable desde el punto de vista democrático: cada individuo tiene el mismo peso, cada voz cuenta por igual. El resultado es claro: la mayoría opta por dirigirse hacia el este.
La consecuencia es fatal. Esa dirección no conduce a tierra, sino a una deriva indefinida en el océano. El grupo, habiendo decidido de manera plenamente democrática, termina condenado.
Lo relevante de este experimento no es su dramatismo, sino la estructura del problema que revela. La decisión fue legítima en términos procedimentales, pero errónea en términos epistémicos. Es decir, fue una decisión válida según las reglas de la participación, pero inválida respecto del conocimiento necesario para resolver el problema.
Aquí emerge una distinción crucial: la democracia garantiza igualdad en la participación, pero no competencia en el juicio. Equipara voces, pero no saberes. Y cuando la naturaleza del problema exige conocimiento especializado, esa equivalencia puede volverse no solo insuficiente, sino peligrosa.
Esto no implica una refutación simple de la democracia, sino una tensión estructural en su funcionamiento. Cuanto más complejos son los problemas, más depende su resolución de saberes específicos; pero cuanto más se democratiza la decisión, más se diluye el peso de esos saberes en favor de la igualdad formal.
Al final, el experimento expone una paradoja incómoda: un sistema diseñado para incluir a todos puede, en determinadas condiciones, ignorar precisamente aquello que permitiría a todos sobrevivir.
Quizás por eso la democracia es la máscara perfecta del poder: nadie sospecha de un procedimiento que nos incluye a todos, aunque el bote siga a la deriva.